Llamando a las puertas del cielo: el Mediterráneo como ring para la lucha de gigantes

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, rezaba un verso enamorado de Serrat, orgulloso ciudadano del Mediterráneo.

El jueves 29 de agosto de 2019, y tras ocho días de retención en el puerto de Lampedusa, el juez italiano de Agrigento ordenó la liberación del barco Open Arms al considerar que no se podía atribuir ningún tipo de responsabilidad a la organización y sus tripulantes en el marco de la investigación en curso por secuestro de personas. Con esta acción judicial, se avanzaba una pantalla más en el que se ha convertido en el nuevo conflicto estrella de todos los veranos, la gestión administrativo-legal de los inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo por buques no vinculados a ninguna organización de salvamento marítimo nacional, si no pertenecientes a diversas ONG, tales como la española Proactiva Open Arms, la franco-germana SOS Méditerranée o la italiana Mediterranea Saving Humans.

Todo este proceso de lucha entre los estados y los buques de las ONG comenzó cuando el ministro de interior italiano, Matteo Salvini, decidió romper con las obligaciones políticas y humanitarias al decretar la prohibición de entrada en aguas italianas por parte de estos barcos, así como la negativa constante que este ha dado en relación con la permisión de desembarco en puertos bajo su jurisdicción por parte de los inmigrantes rescatados a bordo de estos. Desde entonces, los estados ribereños del Mediterráneo miembros de la U.E se han visto envueltos en una sucesión infinita de rifirrafes políticos y diplomáticos que pretendían pasar la patata caliente de la acogida, hechos que han despertado la indignación en buena parte de la ciudadanía europea.

En el último año, del verano de 2018 al verano de 2019, se han desarrollado un conjunto de medidas por parte de los distintos estados miembros que buscaban librar a los mismos de la trascendental, y en ocasiones impopular, labor de acogida. Así, en Italia no han parado de aprobarse decretos y leyes antiinmigración propulsadas por Salvini y su partido, La Liga Norte, trayendo consigo nuevas consecuencias legales para las ONG que trabajan en el Mediterráneo y sus tripulantes, tales como las recién aprobadas multas millonarias para las embarcaciones y penas de cárcel para los colaboradores de las organizaciones. En España, el cambio en las políticas ejecutadas por el PSOE a este respecto se ha convertido en uno de los principales argumentos de crítica que se vierten sobre el gobierno del presidente Sánchez, quien ha pasado de acoger a las más de 600 personas que viajaban a bordo del Aquarius en el verano de 2018, a inmovilizar el barco Open Arms en el puerto de Barcelona en enero de 2019 tras retirar al mismo la autorización de realizar rescates. Esta medida hacía compleja la acogida del buque en su ultima labor en el mar este pasado mes de agosto por incumplir las condiciones impuestas por el gobierno, que advertía de las infracciones que implicaba su pretensión de retomar rescates. Por otro lado, nos encontramos con la política de Malta, que solo acepta la acogida de aquellas personas que sean rescatadas en aguas bajo la jurisdicción de su soberanía, motivo por el cual las autoridades maltesas solo se mostraron predispuestas a recibir a 39 de los más de 100 inmigrantes a bordo del Open Arms, hecho que llevó a la organización a descartar al país mediterráneo como futuro puerto para el desembarco.

Este rechazo colectivo a recibir a las embarcaciones de rescate, además de haber conducido a un sinfín de intercambios de ofensivos tweets entre los diferentes líderes políticos de los estados miembros, ha puesto de manifiesto que la Unión Europea carece de una iniciativa común y eficaz relativa al fenómeno de la inmigración en la frontera del Mediterráneo, fractura que está siendo pagada por las ONG que, en medio del caos gubernamental, están intentando ofrecer una alternativa a los inmigrantes que naufragan en el mar.

Uno de los motivos por los que la Unión Europea se erigió fue el de buscar una alianza común entre los estados europeos para así poner fin a las rivalidades internas mediante la cooperación y la toma de decisiones conjunta. Pero como dijo Habermas, “el desarrollo de la conciencia europea es más lento que el avance de la realidad concreta”. Así, en lo que respecta a la inmigración y tras las duras secuelas y daños colaterales que la crisis de refugiados ha dejado en el viejo mundo desde 2015, esta unión parece más difícil que nunca, habiendo quedado abierta la veda del “sálvese quien pueda”. Los gobiernos comunitarios huyen de la armonización de políticas con sus socios con el fin de encontrar la solución más conveniente, no ya para su propio país, su ciudadanía o las personas cuya vida se enfrenta a diario con la muerte en el mar, sino para sus intereses electorales, como bien puede ilustrar la política migratoria de Angela Merkel, quien pasó en el 2015 de acoger a todos los miles de solicitantes de asilo retenidos en la estación de Budapest a tratar de agilizar los procesos de deportación de los mismos en la actualidad y con motivo del auge de la extrema derecha. Todas estas disonancias han desatado una guerra política que enfrenta a los estados, y como en medio de esta lucha han surgido organizaciones no gubernamentales, estas se han convertido en la cabeza de turco del conflicto.

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE y ministro en funciones, Ábalos, manifestó su malestar con la ONG Proactiva Open Arms, de quien decía que eran “abanderados de la libertad que no tienen que tomar decisiones”. Por otro lado, Salvini llegó a afirmar que organizaciones como la previamente mencionada colaboran con el negocio de la inmigración ilegal. Además de las proclamas políticas, se han emitido informes técnicos desde los diferentes ejecutivos europeos en los que se justificaba la retención de los buques humanitarios por cuestiones de seguridad para las embarcaciones y los pasajeros de estas. Resulta evidente que organizaciones como Open Arms y demás ONG cuentan con peores medios y personal menos capacitado que las autoridades competentes de los diferentes estados, pero incidentes como el último naufragio vivido este último mes de agosto, donde ningún gobierno movió ficha, reflejan lo necesario del trabajo ejecutado por este tipo de organizaciones, que por otra parte solo se encarga de cumplir con algunos de los postulados reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982  y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que reconocen la prestación de auxilio a cualquier individuo que se encuentre en peligro en el mar o la necesidad de trasladar a los mismos al puerto seguro más cercano.

La única conclusión a la que puede llegarse ante esta crisis es que lo sucedido este verano entre los estados miembros de la U.E, que no han parado de intentar repartirse los barcos como si de una pelota en un partido de tenis se tratara, debe detenerse. Ejecutar políticas que de forma responsable protejan a las personas que naufragan en el Mediterráneo es la única forma de salvaguardar la coherencia y cohesión, y por tanto supervivencia, de la Unión Europea. Las crisis vividas este verano han reflejado que los estados del sur de Europa son incapaces de lidiar a solas con esta desbordada situación, pero la Unión Europea tiene tiempo, ahora que la época estival llega a su fin y hasta que regrese el buen tiempo el próximo mes de mayo, para tratar de buscar una respuesta común que reparta la carga y distribuya el trabajo y la solidaridad entre sus distintos miembros. Solo así se podrá evitar un tercer verano consecutivo en el que las noticias de los naufragios eclipsen a los atardeceres rojos de aquel mar que enamoró a Serrat.

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